Una orden de cateo no es un cheque en blanco

Resumen

En Campeche, la Fiscalía pidió catear varios predios para buscar «objetos y/o indicios y/o datos de prueba», y la jueza lo autorizó transcribiendo la solicitud. A partir de ese caso, la lectura explica qué debe decir una orden de cateo y qué controla el juez, las consecuencias de un cateo ilegal, el amparo contra un cateo ya ejecutado, los límites del aseguramiento de bienes y la suspensión de las técnicas de investigación autorizadas por un juez.

Lo que vas a aprender

• La orden de cateo dice qué lugar, qué personas y qué objetos, «a lo que únicamente debe limitarse la diligencia».
• El juez no puede transcribir la solicitud: debe valorar cada dato de prueba y explicar la necesidad del cateo.
• Un cateo ya ejecutado no es un acto consumado: sus efectos pueden combatirse en amparo indirecto.
• Entrar no es quedarse: asegurar un bien exige relación con el delito, inventario, notificación y una duración justificada.
• Para la Suprema Corte, la regla de no suspender una técnica de investigación judicial no impide ponderar.

Documentos que se estudian

Un extracto de cada uno. El texto completo de los extractos, con su fuente, está en la lectura.

1. Constitución

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 16, párrafo undécimo

   «En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.»

2. Jurisprudencia

   1a./J. 22/2007, Primera Sala, registro digital 171836 (rubro)

   «Cateo. En acatamiento a la garantía de inviolabilidad del domicilio, la orden emitida por la autoridad judicial, debe reunir los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución, de lo contrario dicha orden y las pruebas que se hayan obtenido como consecuencia directa de la misma, carecen de existencia legal y eficacia probatoria.»

3. Tesis aislada

   XXXI.2 P (11a.), Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, registro digital 2027883 (criterio jurídico)

   «…su autorización es ilegal cuando se sustenta en la simple transcripción de las razones expuestas en la solicitud respectiva, sin que el juzgador emita un juicio de valor respecto de cada dato de prueba aportado por la Fiscalía que respalde la necesidad de su práctica…»

4. Jurisprudencia regional

   PR.P.T.CS. J/1 P (12a.), registro digital 2031421 (rubro y justificación)

   «Orden de cateo. Su ejecución no constituye un acto consumado de modo irreparable, por lo que procede el amparo indirecto contra sus efectos y consecuencias.»

5. Ley

   Código Nacional de Procedimientos Penales, art. 229

   «Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan.»

6. Jurisprudencia

   XVII.1o.P.A. J/22 (10a.), Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, registro digital 2019849

   «El aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público es una medida de carácter provisional o transitoria con la finalidad de esclarecer los hechos materia de la investigación, garantizar la reparación del daño y evitar lesiones a terceros. Así, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, por el contrario, los dificulta al desvanecer las huellas que pudieran existir. En consecuencia, si se decreta dicha medida cautelar por tiempo indefinido o su temporalidad se prolonga excesivamente (por uno o más años), ello es contrario a su naturaleza provisional o transitoria […], lo que, a su vez, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica.»

7. Ley

   Ley de Amparo, art. 128 (párrafo adicionado DOF 17-06-2016)

   «…no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.»

8. Acción de inconstitucionalidad

   AI 62/2016, Pleno, ejecutoria publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2018

   «…la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos, tratándose de técnicas de investigación y de medidas cautelares en el procedimiento penal por la autoridad judicial […] por lo que no se impide que el juzgador de amparo aplique los parámetros que respecto de la concesión de la suspensión establece el propio artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, es decir, determinar si la naturaleza del acto lo permite y ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con el interés social.»

El caso de Campeche