Casi veinte años preso sin sentencia

Resumen

Israel Vallarta pasó diecinueve años y siete meses en prisión preventiva, aunque la Constitución manda juzgar antes de un año. Esta lectura explica ese plazo, el tope de dos años y el estándar del plazo razonable; reconstruye el montaje de 2005 y la absolución de Vallarta; lo compara con otros casos de larga espera y cierra con lo que puede hacer la familia de una persona detenida.

Lo que vas a aprender

• La Constitución manda juzgar antes de un año y, desde 2008, limita a dos años la prisión preventiva.
• El proceso de Vallarta siguió las reglas anteriores, cuyo único tope era la pena máxima del delito.
• Usar los recursos que da la ley no puede contarse contra el procesado al medir el plazo razonable.
• Absolución, amparo y reconocimiento de inocencia son figuras distintas.

Documentos que se estudian

Un extracto de cada uno. El texto completo de los extractos, con su fuente, está en la lectura.

1. Constitución

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 20, apartado B, fracciones I y VII

   «I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;»

2. Constitución

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo

   «La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.»

3. Diario Oficial

   Decreto de reforma constitucional en materia penal (DOF, 18 de junio de 2008), artículo cuarto transitorio

   «Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio […] serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.»

4. Corte Interamericana

   Corte IDH, García Rodríguez y otro vs. México, sentencia de 25 de enero de 2023, párrafo 269

   «…la utilización de medios de impugnación reconocidos por la legislación nacional susceptibles de garantizar la tutela de los derechos e intereses procesales no pueden ser valorados en contra del recurrente. En ese sentido, no resulta aceptable el alegato del Estado, que atribuye a la conducta procesal de las presuntas víctimas la prolongación del procedimiento judicial.»

5. Tesis aislada

   1a. CLXVI/2013 (10a.), registro digital 2003563, «Efecto corruptor del proceso penal. Condiciones para su actualización y alcances»

   «…el efecto corruptor del proceso penal se actualiza cuando, en un caso concreto, concurran las siguientes circunstancias: a) que la autoridad policial o ministerial realice alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal; b) que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio; y c) que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión.»

6. Amparo directo en revisión

   ADR 517/2011, Primera Sala, 23 de enero de 2013, p. 157

   «La anterior determinación no soslaya que en la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito existen otras pruebas que fueron valoradas. Sin embargo, éstas se refieren únicamente a cuestiones relacionadas con el otro individuo detenido el nueve de diciembre de dos mil cinco.»